miércoles, 28 de julio de 2010

Prevaricato, que dira Villa Stein ahora?. Regalo de fiestas Patrias del Poder Judicial

Tres jueces blindan a Sánchez areddes

Sospechoso. Archivan investigación por narcotráfico. Admiten hábeas corpus  en favor de Orlando Sánchez Paredes y gerente. Procurador denunciará a jueces por prevaricato. Caso lo denunció hasta García.

Por: Miguel Gutiérrez R.
mgutierrez@larepublica.com.pe

Orlando Sánchez Paredes y Belisario Esteves Ostolaza, propietario y gerente general de la empresa de servicios mineros ATIMMSA, investigados desde enero del 2008 por el delito de lavado de activos producto del tráfico de drogas, serán separados del proceso penal luego de que la Cuarta Sala Penal Especializada admitió en su favor el hábeas corpus presentado contra el fiscal especializado  en Crimen Organizado Jorge Chávez Cotrina.

Según la resolución emitida por los integrantes de dicho tribunal, fallaron a favor de ambos investigados porque se violó el "proceso investigatorio razonable" cuando se alargó el plazo formal de investigación. Ellos no tomaron en cuenta que fueron los propios abogados  de los acusados los que pidieron ampliar este plazo.

El hábeas corpus fue presentado hace dos semanas por Orlando Sánchez, dueño de varias de las empresas del grupo familiar, ante la titular del 58 Juzgado Penal, Antonia Saquicuray.

El pedido fue declarado fuera de lugar por Saquicuray; sin embargo, los procesados apelaron ante la Cuarta Sala integrada por Carlos Ventura Cueva, Hermilio Vigo Zevallos y  Demetrio Ramírez Descalzi.

El fiscal Jorge Chávez señaló a este diario que se comprobó que la investigación se alargó en su fase preliminar a pedido de los propios abogados de los investigados.

La Sala no habría valorado las pruebas que demuestran que fue el pool de abogados el que alargó el proceso. El grupo familiar Sánchez Paredes es defendido por los estudios de César Nakazaki y de Roy Freire.

Tanto el equipo especial de la Dinandro como el fiscal Jorge Chávez determinaron en un informes  contable  realizado al conglomerado de empresas de Orlando Sánchez que "no se acreditaba fehacientemente que las actividades empresariales hayan sido rentables" como lo afirmaba el investigado, quien llegó a afirmar que percibió más de 15 millones de dólares en el período de 1959 a 1990 como pescador,  luego  otros 20 millones por la venta inmobiliaria.

Este fallo emitido por los integrantes de la Sala penal es inapelable, por lo que el proceso contra Orlando Sánchez y su gerente general es anulado pese a que había indicios  suficientes para investigarlos.

Jueces serán denunciados

No obstante, el fiscal Chávez Cotrina informó que el lunes próximo el procurador del Ministerio Público,  Carlos Bazán Lora, acudirá a la Fiscalía Suprema de Control Interno para formalizar una denuncia penal por el delito de prevaricato en contra de los vocales Ventura Cueva, Vigo Zevallos y  Ramírez Descalzi.

Asimismo, informó que Bazán Lora interpondrá una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en contra de los referidos magistrados.

Datos

Acción de amparo. El procurador del Ministerio Público también presentará una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución de la Cuarta Sala por no haber valorado debidamente las pruebas del fiscal.

Misma sala. En febrero pasado  esta  sala acogió un recurso presentado por Alfredo, Orlando, José y Silvia Sánchez Miranda, hijos de Orlando Sánchez, lo que motivó el archivamiento.

Se viene otro hábeas corpus

El fiscal Jorge Chávez Cotrina afronta desde la semana pasada un nuevo hábeas corpus presentado por el resto de la familia investigada.

Se trata de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos Fidel y Miguel Sánchez Alayo, también comprendidos en el proceso penal por lavado de activos por el juez Omar Pimentel.

La investigación por lavado contra el grupo familiar se inició el 2007 a raíz de una denuncia de tenencia irregular de terrenos en el balneario de Asia. En enero del 2008 la investigación fue anunciada por el presidente García como la más importante y abarcó  200 empresas y  más de 100 personas.

En marzo pasado el juez Omar Pimentel Calle denunció sólo a 7 personas del total, entre ellas Manuel y Orlando Sánchez Paredes.


   

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