Parlamentarios con intereses privados se ubican en estratégicas comisiones
Diez legisladores tienen negocios afines a sus negocios privados. Varios de ellos tienen denuncias penales
FABIOLA TORRES
Unidad de Investigación
¿Qué hacen juntos un empresario minero con denuncias penales por extracción ilegal y contaminación, un proveedor de servicios a compañías mineras sentenciado por proxenetismo y un dirigente de mineros artesanales que posee concesiones mineras y tiene un juicio por peculado? Son nada menos que integrantes de la recientemente instalada Comisión de Energía y Minas del nuevo Congreso de la República.
Se trata de los congresistas Francisco Ccama Layme, Néstor Valqui Matos (ambos de Fuerza 2011) y Eulogio Romero Rodríguez (Gana Perú), quienes tienen un potencial conflicto de intereses que debería haberlos inhibido de integrar ese estratégico grupo de trabajo en el que se discutirán temas y proyectos de ley relacionados a sus negocios privados.
Sin embargo, Energía y Minas no es la única de las 24 comisiones ordinarias del Parlamento con integrantes que pueden tener el mismo problema. Como lo mostramos en el cuadro que acompaña este informe, El Comercio ha detectado por lo menos a 10 legisladores que se han colocado en comisiones en la que sus actividades privadas pueden afectar la transparencia de sus propuestas y votos.
Por ejemplo, en Educación, Juventud y Deporte están dos propietarios de universidades: José Luis Elías Ávalos, fundador y dueño de la universidad San Juan Bautista, y Richard Acuña Núñez, quien junto a su familia es dueño de las universidades César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú.
Solo basta recordar el escandaloso caso de la Universidad Alas Peruanas ocurrido en el anterior Congreso (2006-2010), cuya Comisión de Educación no pudo aprobar una nueva Ley Universitaria ni ordenar el caos de las filiales, debido a que los entonces legisladores Édgar Núñez y Wilder Calderón, asociados a dicha universidad (que tiene varios procesos judiciales), integraron en dos oportunidades ese grupo y presentaron un proyecto de ley que solo beneficiaba a Alas Peruanas.
LA CONFORMACIÓN
¿De quién es la responsabilidad de la ubicación de los congresistas en las comisiones? Cada bancada parlamentaria designa a sus representantes en los grupos de trabajo y lo único que señala al respecto el Reglamento del Congreso es lo siguiente: "En la conformación de las comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia".
Si bien se da importancia a las profesiones de los legisladores para ubicarlos en los grupos de trabajo, hay un vacío legal en el Reglamento del Congreso sobre los conflictos que pueden surgir entre su labor parlamentaria y sus actividades privadas, advierte Eduardo Ferrero, especialista en Derecho Constitucional.
Solo el Código de Ética del Congreso indica que si el legislador participa en la discusión de temas, investigaciones o en el debate y aprobación de leyes en las que pueden estar favorecidos sus intereses personales o de sus familiares, debe comunicar tales vinculaciones. No está prohibido, sin embargo, que tenga voz y voto en esos casos.
¿Qué ocurre si no cumple con informar su conflicto de interés y tampoco se inhibe de participar? Nada. En los registros de la Comisión de Ética del Parlamento no hay antecedentes de sanciones por estas graves omisiones.
Este Diario se comunicó con ocho de los legisladores mencionados en este informe para consultarles sobre su intereses privados y las comisiones que integran, pero solo cuatro de ellos expresaron sus posiciones. El resto prefirió no declarar.
El congresista Néstor Valqui, quien integra la Comisión de Energía y Minas, aseguró que ha transferido la propiedad de su empresa proveedora de servicios a mineras para asumir su función pública a tiempo completo. Mientras, el médico Enrique Wong, integrante de la Comisión de Salud, dijo que aún mantiene las acciones de su clínica y no "ve conflicto alguno con sus actividades privadas".
El legislador Francisco Ccama, cuyas empresas mineras tienen denuncias penales por contaminar el río Ramis, pidió hablar con sus asesores para que justifiquen su presencia en la Comisión de Energía y Minas. Por su parte, el congresista Héctor Becerril, ex directivo de Pomalca, rechazó que algún interés particular motive su presencia en la Comisión Agraria.
NECESARIOS CAMBIOS
Samuel Abad, ex defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, plantea la modificación del Reglamento del Congreso para precisar, por ejemplo, la obligatoriedad de que el legislador no solo comunique, también se inhiba de participar y votar en temas ligados a sus intereses personales. "Hay que evitar que la transparencia e imparcialidad de las decisiones del congresista se comprometa y distorsione por motivos particulares. Este Congreso puede corregir los errores de los anteriores", apunta.
Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.
Para Samuel Rotta, coordinador de proyectos de Pro Ética, más allá de establecer medidas limitantes para los congresistas es fundamental el fortalecimiento de la Comisión de Ética del Congreso para que se convierta en un grupo respetado y con apoyo institucional que investigue y sancione cuando se debe.
